El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Manuel A. Quiroz, reclamó ante ese organismo agilizar el caso del crimen del periodista Orlando Martínez para que se produzca una decisión definitiva.
A continuación el texto íntegro del informe que presentó Quiroz en la reunión de la SIP, en Cartagena de Indias, Colombia:
Esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa coincide con dos aniversarios que nos hacen recordar a los periodistas y a los dominicanos en general amantes de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos, dos crímenes que han quedado hasta ahora sin una sanción definitiva y aleccionadora de la justicia.
Este 17 de marzo se cumplen 32 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, cuya pluma vertical e indomable fue silenciada a tiros en el año 1975.
A pesar de que los acusados del crimen fueron condenados a 20 años, no existe una sentencia final y el proceso aún se ventila en un tribunal de apelación.
Este ha sido a lo largo de más de tres décadas el caso más emblemático y doloroso de crimen sin castigo de un periodista en la República Dominicana por lo que Orlando Martínez representó en su momento como ejemplo de periodismo crítico a favor de las libertades públicas y en contra de la represión política, a través de su columna Microscopio, que publicaba en la Revista Ahora, de la cual era director.
Al cabo de estos largos años de insatisfecha sed de justicia y del hecho de que los autores intelectuales de este asesinato permanecen impunes, los periodistas no hemos olvidado a Orlando como un mártir de la eterna y cada vez más riesgosa lucha por la libertad de prensa y de expresión y difusión del pensamiento.
Es por tal razón que pedimos desde esta tribuna de la SIP que la justicia dominicana agilice el caso para llegar a un dictamen definitivo.
Este mismo mes, justamente el día 28, se cumple otro luctuoso aniversario por los 34 años del asesinato del periodista Gregorio García Castro, quien era jefe de redacción del vespertino Última Hora, donde escribía su columna En un Tris.
Este crimen permanece sumido en la más absoluta impunidad y, al igual que en el caso de Orlando Martínez, los que ordenaron su liquidación física se pasean tranquilos por las calles dominicanas.
Otro crimen sin castigo es la desaparición del periodista y profesor universitario Narciso González (Narcisazo), del cual se cumplirán 13 años el 26 de mayo próximo.
Narcisazo desapareció después de criticar la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer y en medio de denuncias de fraude durante las elecciones presidenciales del 1994.
Desde entonces ha sido ardua pero muy firme y decidida la lucha de los periodistas y de los medios de comunicación independientes de la República Dominicana para ejercer su derecho de informar con amplitud sin sujeción a restricciones o censura previa.
La prensa, tanto la radial, escrita como televisada, disfruta de un clima propicio para desenvolverse en un marco de libertad, solo ensombrecido por esporádicas acciones o pronunciamientos de algunos funcionarios y autoridades, así como por representantes del sector privado que no comprenden ni aceptan en sus adentros lo que significa un periodismo independiente como vía para el fortalecimiento de las demás libertades y de la democracia en general.
La prensa ejerce plenamente su función a favor de la libertad y los derechos ciudadanos.
Un ejemplo reciente de este rol fue la publicación de una serie de trabajos en el periódico El Caribe que llevaron al Gobierno a depurar y reestructurar todo un infame sistema de fichas criminales en el cual figuraban reputados periodistas hasta por simples antecedentes judiciales de haber sido demandados por supuesta violación a la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento.
A propósito de esta vieja legislación, el presidente Leonel Fernández designó por decreto una comisión que tendrá la responsabilidad de recomendar al Poder Ejecutivo las iniciativas que estime convenientes para reformar la ley vigente.
La comisión la encabeza el presidente de la SIP y director del diario El Día, doctor Rafael Molina Morillo, quien está realizando un profundo estudio al respecto en coordinación con otros juristas y comunicadores, ya que se busca presentar propuestas de reformas, actualización y creación, según los casos, de la legislación dominicana en materia de prensa, radio y televisión, medios audiovisuales, la Internet y cualquier otro medio con incidencia en la comunicación social.
Tres casos que merecen mención y cuyas investigaciones no han tenido hasta ahora resultados concluyentes, fueron las amenazas de muerte denunciadas por los periodistas Julio Martínez Pozo, del programa matinal de comentarios El gobierno de la mañana y de Julián Herrera quien dijo que sectores militares lo mantenían bajo amenaza y persecución, luego de que hiciera pública la supuesta existencia de una estructura mafiosa que estaría operando en algunos estamentos de instituciones castrenses.
A varios meses de la agresión a tiros realizada por desconocidos contra la sala de redacción del noticiario de televisión SIN, tampoco las autoridades han dado con los responsables de ese hecho.
Adjunto a este informe dejo en secretaría una relación de otros casos de denuncias de atropellos, amenazas y violaciones a los derechos de periodistas y corresponsales de provincia formulados por el Colegio Dominicano de Periodistas.
Muchas gracias.
Manuel A. Quiroz
Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
A continuación el texto íntegro del informe que presentó Quiroz en la reunión de la SIP, en Cartagena de Indias, Colombia:
Esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa coincide con dos aniversarios que nos hacen recordar a los periodistas y a los dominicanos en general amantes de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos, dos crímenes que han quedado hasta ahora sin una sanción definitiva y aleccionadora de la justicia.
Este 17 de marzo se cumplen 32 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, cuya pluma vertical e indomable fue silenciada a tiros en el año 1975.
A pesar de que los acusados del crimen fueron condenados a 20 años, no existe una sentencia final y el proceso aún se ventila en un tribunal de apelación.
Este ha sido a lo largo de más de tres décadas el caso más emblemático y doloroso de crimen sin castigo de un periodista en la República Dominicana por lo que Orlando Martínez representó en su momento como ejemplo de periodismo crítico a favor de las libertades públicas y en contra de la represión política, a través de su columna Microscopio, que publicaba en la Revista Ahora, de la cual era director.
Al cabo de estos largos años de insatisfecha sed de justicia y del hecho de que los autores intelectuales de este asesinato permanecen impunes, los periodistas no hemos olvidado a Orlando como un mártir de la eterna y cada vez más riesgosa lucha por la libertad de prensa y de expresión y difusión del pensamiento.
Es por tal razón que pedimos desde esta tribuna de la SIP que la justicia dominicana agilice el caso para llegar a un dictamen definitivo.
Este mismo mes, justamente el día 28, se cumple otro luctuoso aniversario por los 34 años del asesinato del periodista Gregorio García Castro, quien era jefe de redacción del vespertino Última Hora, donde escribía su columna En un Tris.
Este crimen permanece sumido en la más absoluta impunidad y, al igual que en el caso de Orlando Martínez, los que ordenaron su liquidación física se pasean tranquilos por las calles dominicanas.
Otro crimen sin castigo es la desaparición del periodista y profesor universitario Narciso González (Narcisazo), del cual se cumplirán 13 años el 26 de mayo próximo.
Narcisazo desapareció después de criticar la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer y en medio de denuncias de fraude durante las elecciones presidenciales del 1994.
Desde entonces ha sido ardua pero muy firme y decidida la lucha de los periodistas y de los medios de comunicación independientes de la República Dominicana para ejercer su derecho de informar con amplitud sin sujeción a restricciones o censura previa.
La prensa, tanto la radial, escrita como televisada, disfruta de un clima propicio para desenvolverse en un marco de libertad, solo ensombrecido por esporádicas acciones o pronunciamientos de algunos funcionarios y autoridades, así como por representantes del sector privado que no comprenden ni aceptan en sus adentros lo que significa un periodismo independiente como vía para el fortalecimiento de las demás libertades y de la democracia en general.
La prensa ejerce plenamente su función a favor de la libertad y los derechos ciudadanos.
Un ejemplo reciente de este rol fue la publicación de una serie de trabajos en el periódico El Caribe que llevaron al Gobierno a depurar y reestructurar todo un infame sistema de fichas criminales en el cual figuraban reputados periodistas hasta por simples antecedentes judiciales de haber sido demandados por supuesta violación a la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento.
A propósito de esta vieja legislación, el presidente Leonel Fernández designó por decreto una comisión que tendrá la responsabilidad de recomendar al Poder Ejecutivo las iniciativas que estime convenientes para reformar la ley vigente.
La comisión la encabeza el presidente de la SIP y director del diario El Día, doctor Rafael Molina Morillo, quien está realizando un profundo estudio al respecto en coordinación con otros juristas y comunicadores, ya que se busca presentar propuestas de reformas, actualización y creación, según los casos, de la legislación dominicana en materia de prensa, radio y televisión, medios audiovisuales, la Internet y cualquier otro medio con incidencia en la comunicación social.
Tres casos que merecen mención y cuyas investigaciones no han tenido hasta ahora resultados concluyentes, fueron las amenazas de muerte denunciadas por los periodistas Julio Martínez Pozo, del programa matinal de comentarios El gobierno de la mañana y de Julián Herrera quien dijo que sectores militares lo mantenían bajo amenaza y persecución, luego de que hiciera pública la supuesta existencia de una estructura mafiosa que estaría operando en algunos estamentos de instituciones castrenses.
A varios meses de la agresión a tiros realizada por desconocidos contra la sala de redacción del noticiario de televisión SIN, tampoco las autoridades han dado con los responsables de ese hecho.
Adjunto a este informe dejo en secretaría una relación de otros casos de denuncias de atropellos, amenazas y violaciones a los derechos de periodistas y corresponsales de provincia formulados por el Colegio Dominicano de Periodistas.
Muchas gracias.
Manuel A. Quiroz
Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
Relacionados con el sistema de fichas criminales
Resalta El Caribe impulsa acciones gracias a reportajes
El director de El Caribe destacó en su presentación ante los delegados a la reunión de medio año de la SIP que una serie de trabajos especiales publicados en este matutino llevaron al Gobierno a adoptar la medida de depurar y reestructurar el sistema de fichas criminales, en el que figuraban incluso reputados periodistas por el solo hecho de ser demandados por supuesta violación a la Ley de expresión y difusión del pensamiento.
La denuncia de que directores de medios de comunicación, artistas, empresarios y otras personalidades figuran con fichas criminales por hechos relacionados con actividades políticas o por haber defendido la soberanía nacional originó que el Gobierno creara un nuevo reglamento que traspasa al Ministerio Público la administración de estas fichas.
El director de El Caribe destacó en su presentación ante los delegados a la reunión de medio año de la SIP que una serie de trabajos especiales publicados en este matutino llevaron al Gobierno a adoptar la medida de depurar y reestructurar el sistema de fichas criminales, en el que figuraban incluso reputados periodistas por el solo hecho de ser demandados por supuesta violación a la Ley de expresión y difusión del pensamiento.
La denuncia de que directores de medios de comunicación, artistas, empresarios y otras personalidades figuran con fichas criminales por hechos relacionados con actividades políticas o por haber defendido la soberanía nacional originó que el Gobierno creara un nuevo reglamento que traspasa al Ministerio Público la administración de estas fichas.
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