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El Presidente debe rectificar sus errores
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De nuevo nos vemos en la obligación de criticar el actuar del presidente Daniel Ortega. Y aunque se molesten él y su esposa, lo hacemos en cumplimiento de nuestro derecho y deber de hacerle oír al Presidente de la República algunas verdades que ninguno de los que está en derredor suyo se atrevería a decirle. La idea es que el Presidente rectifique sus faltas y que medite mejor sus decisiones antes de tomarlas. Errar es humano y reconocer los propios errores es de personas dignas, honestas y respetuosas de sí mismas.
El presidente Daniel Ortega abusó de su poder presidencial y violó la ley, al obsequiar dos manuscritos originales del poeta nacional Rubén Darío a su homólogo venezolano. Absolutamente nada justifica esta desafortunada e impulsiva decisión. Ni siquiera “la felicidad de Darío en el cielo” o el alto contenido “espiritual” del Alba, que fueron invocados retóricamente como razones válidas. El hecho claro y sencillo es que los manuscritos forman parte del Patrimonio Nacional y el Presidente no podía disponer de ellos. Ortega ha tomado lo que es de la nación y lo ha regalado como si fuera suyo.
Es más, el primer mandatario ha cometido un acto ilícito que se llama “abuso de confianza”, el cual consiste en “disponer para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio”. En efecto, el Estado recibe —a través de las instancias respectivas— la tenencia del Patrimonio Cultural de la nación y el representante del Estado, en este caso, el presidente Ortega, está obligado a cuidarlo, preservarlo y responder por él. Pero en vez de hacer esto, el mandatario nicaragüense abusó de la confianza que el pueblo depositó en él y ha defraudado a la nación la cual fue despojada de un bien intelectual.
Por eso decimos que el Presidente debería reconocer su pifia y pedir públicamente disculpas a la nación y luego hacer lo necesario para recuperar —si todavía es posible— los bienes ilícitamente cedidos a título personal al mandatario venezolano.
El presidente Ortega seguramente tiene otras maneras de expresar agradecimiento a su amigo venezolano. El presidente Hugo Chávez, por su parte, podría dar una muestra de cultura y de respeto al patrimonio de los pueblos, y devolver voluntariamente los manuscritos, así como en otro tiempo, el presidente francés Jacques Chirac devolvió una valiosa pieza arqueológica que el otro caudillo, Arnoldo Alemán, le había regalado también a título personal. ¿Regalaría el mandatario venezolano la espada original de Simón Bolívar? Sin embargo es difícil esperar de Hugo Chávez la misma actitud de Jacques Chirac y el presidente Daniel Ortega no parece interesado en deshacer lo actuado. Más bien, Ortega se ha empecinado en defender su error con argumentos ridículos y hasta esotéricos.
Que la obra original de Darío esté dispersa en distintos países del mundo no significa que los nicaragüenses tengamos que seguirla dispersando o que podamos disponer de ella a nuestro antojo.
Tal vez si Ortega hubiera donado los manuscritos a un museo o biblioteca su actuación sería un poco más digerible. Pero la donación fue hecha a título personal, es decir, al individuo Hugo Chávez el cual podrá hacer con los manuscritos lo que le venga en gana. ¿Para qué quiere Hugo Chávez los poemas originales de Rubén Darío? ¿Acaso habrá algún iluso que encuentre alguna afinidad entre Chávez y Simón Bolívar? ¿No es ya del conocimiento de la comunidad internacional el hecho de que Chávez simplemente instrumentaliza y explota la figura del gran libertador suramericano para cubrir sus atrocidades legales y su socialismo del siglo XXI que no es más que la creación de un sistema de gobierno que le permita perpetuarse en el poder en nombre de la defensa de los pobres, de la lucha “antiimperialista” y del resto de esa retórica gastada en la que sólo pueden creer los que se benefician personalmente de los recursos del gobierno venezolano?
Si el presidente Ortega no reacciona, la Asamblea Nacional debería interpelarlo y exigirle que explique su violación a la Ley 333 que describe los manuscritos en cuestión como “Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación” cuyo único y verdadero dueño es el pueblo nicaragüense.
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