SIP incluye a la RD en resolución impunidad
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Cartagena de Indias, Colombia. Al concluir aquí su reunión de medio año, la SIP incluyó a República Dominicana en una resolución de impunidad por crímenes de periodistas sin esclarecimiento y sanción judicial.
En sus conclusiones, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por las amenazas de muerte a periodistas dominicanos en ejercicio.
En el informe que rindió sobre la situación en el país, Manuel A. Quiroz, director de El Caribe y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo hemisférico, había presentado los casos de los periodistas Julián Herrera, de Clave Digital; y Julio Martínez Pozo, del programa radial “El gobierno de la mañana”.
La SIP dijo que se reportaron casos de amenazas de muerte en Guatemala, Honduras, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Brasil, algunos relacionados con denuncias de corrupción. La SIP instó a la justicia a agilizar el caso del periodista Orlando Martínez para llegar a un dictamen definitivo con los culpables, a 32 años de un crimen que estremeció a la sociedad dominicana.
En sus resoluciones sobre impunidad, que se refieren a crímenes sin castigo de periodistas, la entidad también reiteró su pedido a las instancias judiciales dominicanas para que se investigue y resuelva el asesinato del periodista Gregorio García Castro y la desaparición del profesor universitario Narciso Gonzalez (Narcisazo).
En uno de sus considerandos, el organismo que tiene por tarea principal la defensa de la libertad de prensa, dice que a pesar de que los acusados de la muerte de Orlando Martínez fueron condenados a 20 años, no existe una sentencia final y el proceso sigue en un tribunal de apelación.
Este mismo mes, justamente el próximo día 28, se cumple otro luctuoso aniversario por los 34 años del asesinato del periodista García Gastro quien era jefe de Redacción del vespertino Ultima Hora donde escribía su columna “En un tris”.
Otro crimen sin solución es la desaparición del periodista y académico Narciso González, del cual se cumplirán 13 años el 26 de mayo próximo. Narcisazo desapareció después de criticar la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer y en medio de denuncias de fraude durante las elecciones presidenciales de 1994.
Trabajos. Las sesiones fueron encabezadas por el presidente de la SIP y director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo; quien elogió las diferentes comisiones y equipos de trabajo que laboraron intensamente durante la jornada de la SIP para pasar revista de la situación general de la libertad de prensa en el continente.
En la delegación dominicana también figuró el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, quien fue designado recientemente en un nuevo comité de la SIP.
En sus conclusiones, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por las amenazas de muerte a periodistas dominicanos en ejercicio.
En el informe que rindió sobre la situación en el país, Manuel A. Quiroz, director de El Caribe y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo hemisférico, había presentado los casos de los periodistas Julián Herrera, de Clave Digital; y Julio Martínez Pozo, del programa radial “El gobierno de la mañana”.
La SIP dijo que se reportaron casos de amenazas de muerte en Guatemala, Honduras, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Brasil, algunos relacionados con denuncias de corrupción. La SIP instó a la justicia a agilizar el caso del periodista Orlando Martínez para llegar a un dictamen definitivo con los culpables, a 32 años de un crimen que estremeció a la sociedad dominicana.
En sus resoluciones sobre impunidad, que se refieren a crímenes sin castigo de periodistas, la entidad también reiteró su pedido a las instancias judiciales dominicanas para que se investigue y resuelva el asesinato del periodista Gregorio García Castro y la desaparición del profesor universitario Narciso Gonzalez (Narcisazo).
En uno de sus considerandos, el organismo que tiene por tarea principal la defensa de la libertad de prensa, dice que a pesar de que los acusados de la muerte de Orlando Martínez fueron condenados a 20 años, no existe una sentencia final y el proceso sigue en un tribunal de apelación.
Este mismo mes, justamente el próximo día 28, se cumple otro luctuoso aniversario por los 34 años del asesinato del periodista García Gastro quien era jefe de Redacción del vespertino Ultima Hora donde escribía su columna “En un tris”.
Otro crimen sin solución es la desaparición del periodista y académico Narciso González, del cual se cumplirán 13 años el 26 de mayo próximo. Narcisazo desapareció después de criticar la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer y en medio de denuncias de fraude durante las elecciones presidenciales de 1994.
Trabajos. Las sesiones fueron encabezadas por el presidente de la SIP y director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo; quien elogió las diferentes comisiones y equipos de trabajo que laboraron intensamente durante la jornada de la SIP para pasar revista de la situación general de la libertad de prensa en el continente.
En la delegación dominicana también figuró el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, quien fue designado recientemente en un nuevo comité de la SIP.
Emite pronunciamiento en contra de Estados Unidos
La SIP emitió una resolución en la que exige "la inmediata liberación" de Joshua Wolf, el periodista que lleva más tiempo preso en la historia de EE.UU. por desacatar una orden de comparecencia judicial relacionada con su trabajo.
Los problemas de Wolf con la justicia se deben a unas imágenes que grabó en vídeo en 2005 durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en San Francisco.
Wolf fue detenido el 1 de agosto pasado y liberado un mes después pero volvió a prisión al poco tiempo debido a que perdió la apelación del caso, señaló la SIP en un informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos divulgado hoy.
En ese informe se destaca que 17 estados de la Unión no cuentan con ninguna forma de "ley escudo" o de protección para los periodistas que se nieguen a identificar sus fuentes confidenciales, y que aún no se ha logrado una normativa federal en ese sentido a pesar del "intenso cabildeo" realizado por los defensores de la libertad de prensa y algunos legisladores.
Los problemas de Wolf con la justicia se deben a unas imágenes que grabó en vídeo en 2005 durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en San Francisco.
Wolf fue detenido el 1 de agosto pasado y liberado un mes después pero volvió a prisión al poco tiempo debido a que perdió la apelación del caso, señaló la SIP en un informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos divulgado hoy.
En ese informe se destaca que 17 estados de la Unión no cuentan con ninguna forma de "ley escudo" o de protección para los periodistas que se nieguen a identificar sus fuentes confidenciales, y que aún no se ha logrado una normativa federal en ese sentido a pesar del "intenso cabildeo" realizado por los defensores de la libertad de prensa y algunos legisladores.
Críticas sobre publicidad del Estado
En otra de sus resoluciones, la SIP condenó el uso de la publicidad gubernamental de manera selectiva como un mecanismo para premiar o castigar a los medios de comunicación.
La entidad afirmó que esas prácticas discriminatorias en la mayoría de los casos obedecen al intento de los gobiernos de acallar la oposición política y las denuncias sobre corrupción, abusos, y falta de transparencia.
Agrega que este procedimiento indebido que aplican algunos gobernantes y funcionarios oficiales es contrario al principio siete de la Declaración de Chapultepec, que fue ratificada por la mayoría de los gobiernos del hemisferio para el fortalecimiento de la libertad de prensa.
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La entidad afirmó que esas prácticas discriminatorias en la mayoría de los casos obedecen al intento de los gobiernos de acallar la oposición política y las denuncias sobre corrupción, abusos, y falta de transparencia.
Agrega que este procedimiento indebido que aplican algunos gobernantes y funcionarios oficiales es contrario al principio siete de la Declaración de Chapultepec, que fue ratificada por la mayoría de los gobiernos del hemisferio para el fortalecimiento de la libertad de prensa.
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