La columna de Miguel Guerrero

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Por Miguel Guerrero / El Caribe

El intento de explicación del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, a la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano sobre un alegado endeudamiento de 130 millones de dólares sin autorización del Congreso, sólo ha conseguido complicar las cosas.

EL PRD acusa al presidente Fernández de autorizar a un subalterno, el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, a suscribir nueve pagarés por la suma citada con un banco extranjero, para el financiamiento de proyectos oficiales.

La operación data, según la denuncia, del año pasado y según el partido opositor es violatoria de la Constitución. Para desmentir la especie, el secretario Bengoa ha mostrado una carta de la empresa The Sunland Corporation, mencionada como intermediaria en el negocio, en la que se afirma que el Estado no ha contraído compromiso alguno con el banco HSBC, Panamá, ya que el desembolso le fue hecho a ella y (cito) “los pagos de las cuotas han sido realizados por nuestra empresa”.
Si esto fuera cierto, el caso pudiera ser aún más grave de lo que el PRD pretende, puesto que se trataría de un préstamo a una empresa extranjera para financiar obras del gobierno. Surgirían entonces muchos interrogantes: ¿Quién le autorizó a esa empresa el acceso a esos recursos?

¿Qué clase de aval o garantía se le ha ofrecido a la misma? ¿Bajo qué ley o en qué lugar de la Constitución se permiten estas cosas?

¿Cuáles serían las ganancias de esa intermediaria? Sin la menor de las dudas, magnifica la denuncia el hecho de que la empresa involucrada se había visto envuelta en un oscuro contrato de grado a grado por una suma muy parecida para el equipamiento de la Policía y que el Gobierno se vio precisado a retirar del Congreso ante el fuerte escándalo que originó. No basta con decir que el PRD o el PPH carecen de “autoridad moral” para hacer esta denuncia. El país demanda explicaciones.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do