Por Miguel Guerrero
De El Caribe, Matutino Dominicano
.
El hecho más importante acaecido en años en el ámbito del periodismo nacional, es sin duda la sentencia de un tribunal que obliga al director de la Oficina de Reordenamiento del Tránsito (Opret), Diandino Peña, a entregar al periodista Huchi Lora los planos y otros documentos relacionados con la construcción del metro de la ciudad.
El funcionario ha invocado razones de “seguridad nacional” para negarse a acatar la decisión y posteriormente el presidente Fernández le sugirió, en entrevista con los medios del Grupo Corripio, recurrir a la Corte Suprema para invalidar la sentencia, lo cual, según la ley, no para la ejecución de la misma.
Por diversas razones, la reacción de la prensa ante este hecho sin precedentes es virtualmente de indiferencia, como si se tratara de un acontecimiento ordinario, sin valor alguno para la vida democrática de la nación.
Esa actitud podría dejar al veterano periodista a merced de las fauces oficiales, suficientemente grandes como para devorar, sin necesidad de masticación, una medida que podría contribuir a mejorar el clima del ejercicio periodístico y sentar las bases para futuros reclamos de transparencia al Gobierno.
Los plazos para la entrega de los documentos han expirado y estamos ante un insólito e inaceptable caso de desacato judicial al más alto nivel.
Las razones invocadas por las autoridades para negarse a acatar la sentencia carecen de fundamento. Si Lora se hace sospechoso en caso de un atentado contra el metro, todos los ingenieros de la OPRET y su director tendrían también que ser investigados.
La reacción oficial robustece la triste impresión de que con el metro no se cumplieron las normas exigidas para obras de esta magnitud y naturaleza.
La prensa debe solidarizarse con Lora y exigir que se acate esta sentencia que pone a prueba la utilidad de la ley de acceso a la información pública.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
El funcionario ha invocado razones de “seguridad nacional” para negarse a acatar la decisión y posteriormente el presidente Fernández le sugirió, en entrevista con los medios del Grupo Corripio, recurrir a la Corte Suprema para invalidar la sentencia, lo cual, según la ley, no para la ejecución de la misma.
Por diversas razones, la reacción de la prensa ante este hecho sin precedentes es virtualmente de indiferencia, como si se tratara de un acontecimiento ordinario, sin valor alguno para la vida democrática de la nación.
Esa actitud podría dejar al veterano periodista a merced de las fauces oficiales, suficientemente grandes como para devorar, sin necesidad de masticación, una medida que podría contribuir a mejorar el clima del ejercicio periodístico y sentar las bases para futuros reclamos de transparencia al Gobierno.
Los plazos para la entrega de los documentos han expirado y estamos ante un insólito e inaceptable caso de desacato judicial al más alto nivel.
Las razones invocadas por las autoridades para negarse a acatar la sentencia carecen de fundamento. Si Lora se hace sospechoso en caso de un atentado contra el metro, todos los ingenieros de la OPRET y su director tendrían también que ser investigados.
La reacción oficial robustece la triste impresión de que con el metro no se cumplieron las normas exigidas para obras de esta magnitud y naturaleza.
La prensa debe solidarizarse con Lora y exigir que se acate esta sentencia que pone a prueba la utilidad de la ley de acceso a la información pública.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
No hay comentarios.:
Publicar un comentario