De poco ha servido que desde 1997 se haya establecido un sistema público de los partidos políticos. Ese subsidio ha alcanzado hasta los mil millones de pesos en años electorales (2006) y su fiscalización es muy precaria
Namphi Rodriguez
El Caribe, Matutino Dominicano
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El creciente papel estratégico de los medios de comunicación en la democracia está llevando a los partidos políticos a consumir grandes sumas de dinero en campañas publicitarias en busca de un desempeño exitoso en los procesos electorales.
Por esa razón la calidad del discurso político ya no es suficiente para garantizar la adhesión de los electores. Hay que llevar el mensaje a lugares recónditos y debe ser un lenguaje emotivo, por aquello de que la gente no vota con la razón, sino con la bilis.
Este no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, sino que el dinero ha adquirido una importancia tal en la vida política actual que hay quienes creen que se está poniendo en riesgo doctrinas fundamentales del sistema democrático, tales como los principios de igualdad de oportunidades o de independencia económica.
Por esa razón hay que ir un poco más allá que un simple titular de periódico cuando se habla del tema de la financiación de las campañas electorales, puesto que se está ante un aspecto vital para la preservación del sistema político democrático.
A veces, incluso, en los medios de comunicación parece dominar la idea de que sólo es importante el tema de la financiación de los candidatos cuando se trata del partido en el poder, como si las organizaciones políticas de la oposición también no estuvieran expuestas al “dinero contaminado”.
De poco ha servido que desde 1997 se haya establecido un sistema público de subsidio de los partidos políticos. Ese subsidio ha alcanzado hasta los mil millones de pesos en años electorales (2006) y su fiscalización es muy precaria, puesto que la Ley 275-97 que lo instituyó es muy endeble en este aspecto.
Sin embargo, a pesar de lo cuantiosa que pueda parecer esta friolera, no es conveniente satanizar el sistema de subsidios público a los partidos.
Por el contrario, parece ser una propensión de las nuevas democracias subvencionar a sus organizaciones políticas.
Lo reprochable es que no obstante el subsidio público, nuestras organizaciones partidarias siguen recibiendo sumas astronómicas de contribuyentes privados que no se transparentan y que persiguen fines rentistas cuando invierten en política.
Ahí es donde está lo medular del tema. No que si este o aquel candidato invirtió más o menos, sino en el hecho de que si financiamos nuestros partidos con fondos públicos, la influencia del financiamiento privado debería ser más reducida o limitada.
Si seguimos tratando el asunto con sensacionalismo no podremos advertir que en el telón de fondo lo que tenemos es partidos que han vendido literalmente su capacidad de tomar decisiones y nos veremos expuestos a situaciones similares a las que caracterizaron la quiebra de los bancos comerciales hace un par de años.
Lo otro se refiere a los mecanismos de fiscalización de los recursos, puesto que hemos visto cómo miembros de esas organizaciones se quejan de que élites entronizadas en las direcciones gastan el dinero a su discreción, dejando serias dudas sobre cuánto reciben y en qué lo invierten.
Un tema tan capital requiere de un consenso entre la dirigencia de los partidos para producir una reforma electoral en la cual no se limite el crecimiento de esas organizaciones, pero que garantice mayor transparencia y salubridad para el sistema político.
Namphi Rodríguez es periodista
miércoles, mayo 02, 2007
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