La muerte del concebido

Servicios Google

Nuestra realidad no puede llevarnos a “aplatanar” las decisiones. debemos hacer un esfuerzo como sociedad para acercar nuestra praxis social al cumplimiento de la norma. crecer como sociedad y no legalizar nuestra barbarie.

Por Ricardo Rojas León / El Caribe

El miedo a una huelga médica, entre otras razones de “carácter técnico”, han sumergido al país en un debate intenso sobre la procedencia de legalizar el aborto.

Bajo la eufemística expresión de “interrupción del embarazo por razones terapéuticas”, se pretende que todo “concebido no nacido”, que no sea deseado por su madre, pueda ser eliminado, extirpado del vientre de la gestante.

Se reivindica el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a no someterse al “riesgo” de sufrir un daño psicológico por el parto de un hijo producto de una violación o nacido con deficiencias físicas.

Se le pretende negar la condición de “persona” al “concebido no nacido” y se le trata como si, a pesar de su condición de ser humano, perteneciera al mundo de las cosas.

Creo que uno de los peores dramas de la actual existencia es la gran cantidad de seres humanos a los que se les interrumpe la vida, bajo el inaceptable argumento de que sus progenitores tienen el derecho a disponer de ella.

Ahora bien, ¿podemos hablar del derecho como la “ley del más débil” (Ferrajoli), cuando en la relación gestante-feto, le reconocemos el derecho al más fuerte (la madre) de disponer de la vida del concebido no nacido?

¿Acaso el “daño sicológico” que pudiera padecer una madre por alumbrar un hijo producto de una violación, merece mayor consideración o tutela legal que el derecho a la vida de ese ser en desarrollo?

¿Quién o qué autoriza a una madre o a una junta médica a disponer de una “limpieza” de todo feto que se considere que redundará en un ser con limitaciones físicas o psíquicas?

¿No estaremos copiando métodos similares a los practicados por el nazismo contra los judíos, los enajenados mentales e impedidos físicos?

Entiendo que el aborto constituye la supresión de la vida del ser humano más indefenso, más débil, que conoce la naturaleza. (Ser humano, porque ha sido concebido por seres humanos).

Y, al no reconocérsele el más mínimo derecho, lo estamos tratando como un simple objeto. O, como gusta decir a algunos juristas liberales, “le estamos aplicando un derecho penal del enemigo”.

Hay que reconocer que vivimos en una sociedad hipócrita, que consiente, sin ningún tipo de dificultad, que operen clínicas especializadas en practicar abortos.

Se dice que en este país anualmente se realizan entre 37,000 y 45,000 abortos, sin contar los que se “evitan” con la bien publicitada “pastilla del día después”.

Y si observamos que a ninguna autoridad le ha interesado perseguir y castigar esas prácticas abortivas masivas, especie de “ejecuciones extrajudiciales”, podemos concluir que nuestro país es, desde hace mucho tiempo, un paraíso del aborto.

Ricardo Rojas León es periodista