La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Dos informes recientes de instituciones internacionales contradicen la idea paradisíaca que el Gobierno tiene de sí mismo.

El primero de ellos, divulgado en Bruselas, coloca a la administración del señor Fernández entre los más corruptos del hemisferio, con una calificación nada envidiable de “rampante”. Encuestas publicadas con anterioridad, sugieren que esa misma percepción la tiene un elevado porcentaje de la población.

De manera que al Gobierno se le percibe, tanto fuera como dentro del país, de una manera distinta a como suelen calificarlo sus funcionarios, sobre muchos de los cuales podría recaer la responsabilidad de tan pobre calificación, y aquellos que aún ven en el partido oficialista un camino diferente y seguro.

Tan reciente como la semana pasada, por lo menos un diario nacional se hizo eco de un documento titulado “Índice de Desarrollo Democrático”, difundido en Buenos Aires, según el cual la República Dominicana figura entre los países con más bajo nivel en materia de respeto a los derechos políticos y bienestar de la población en la América Latina.

El informe estudia la situación en 18 países y el nuestro figura en la más baja escala, sólo ligeramente por encima de Venezuela y Nicaragua.

Dados estos antecedentes, y la forma en que afectan los esfuerzos personales del Presidente de mejorar la imagen internacional del país con sus frecuentes y prolongados viajes al exterior, se le hace necesario al Gobierno aclarar la delicada situación surgida con la firma de pagarés a la empresa Sun Land por 130 millones de dólares sin la aprobación del Congreso, que el Partido Revolucionario Dominicano ha presentado como una grave violación a la Constitución.

El intento de desviar la atención sobre este hecho, alegando que iguales prácticas se dieron en el pasado, no ayuda a la causa del gobierno ni contribuye a despejar el clima electoral.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do