La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

En este país, saqueado una y otra vez a lo largo de su historia, robarse un salami, probablemente para aplacar el hambre de una familia, como fue un caso muy comentado en los medios, y orinarse en una plaza pública, como le sucedió a un pobre inmigrante haitiano, pueden ser delitos mayores que quebrar un banco o apropiarse de RD$70 mil millones.

Al desgraciado ladrón del embutido le metieron diez años de cárcel, sin eminentes abogados que le defendieran. Al infeliz haitiano, la impúdica acción de mearse detrás de un árbol en un parque, le costó 14 años en una sucia cárcel, separado de su familia y desprovisto de toda protección legal.

Pero sobre aquellos que orinaron y defecaron sobre la salud económica de la república ha habido todo un manto de protección y benevolencia.

Un paraguas amplio debajo del cual no filtra el agua, sostenido firmemente durante cuatro años por una oscura combinación de los poderes político, económico, mediático y eclesiástico.
La sentencia dictada este pasado “domingo negro” es un mamotreto. Se la intenta vender como una muestra del avance y la independencia de la justicia.

Una mentira más, porque todo estaba arreglado de antemano. Lo sabían los acusados y sus abogados como también los del Banco Central, uno de los cuales vino a verme una semana antes para expresarme su inquietud acerca de una sentencia complaciente.

Desde siempre se supo. Los cargos más graves, el de lavado y abuso de confianza, serían rechazados para sustentar una pena menor que ahora será ampliamente reducida en apelación y más tarde en la Corte Suprema.

Ya no hay nada que hacer, en una nación prisionera de la rampante corrupción que ha castrado sus instituciones. No hay salida para el país.

La sentencia del domingo no es más que la definitiva consagración de la impunidad que ha existido y existirá entre nosotros por los siglos de los siglos, amén.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do