Las operaciones tan reservadas o casi secretas con que el cabildo de Baní ha vendido y arrendado terrenos comprendidos en las dunas de ese municipio han, comenzado a suscitar muchas sospechas.
No hay explicación razonable al hecho de que se ejecutara la venta de una buena porción en metros y que, luego de pagar por adelantado, se procurara una autorización presidencial mediante decreto.
En las transacciones normales entre una entidad pública y otra privada, sobre todo si esto implica enajenación de tierras, hay preceptos legales y normas de transparencia que deben, en rigor, ser observadas. O, de lo contrario, el trato deviene en ilegal.
En el caso de las dunas, está de por medio un patrimonio ambiental que la propia ley sobre zonas protegidas ampara para evitar su destrucción o mal uso. Si al trato secreto o poco transparente se añade la condición de área protegida, es obvio que nos encontramos frente a una operación altamente sospechosa, inconveniente y de dudosa legalidad.
Esto deben establecerlo, por supuesto, las autoridades que han comenzado a investigar todo este entramado. Es indispensable, por tanto, que se llegue al fondo de toda la cuestión, para que de una vez por siempre se establezca un saludable precedente para evitar que los ayuntamientos del país incurran en negocios semejantes con los bienes que constituyen su patrimonio.
No es que sean privados de hacer las operaciones, sino que éstas tengan poderosas razones de orden municipal que las justifiquen y, por supuesto, en apego a las reglas de la transparencia y la honradez. Y más que nada a las leyes que regulan estas transacciones.
Las zonas protegidas son, en esencia, eso, zonas protegidas, y no hay ningún argumento ni justificación para que éstas sean objeto de venta. Mucho menos si el proceso se lleva a cabo como si se tratara de una negociación de aposento, al margen del conocimiento y del respaldo de la ciudadanía.
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