La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

No soy tan optimista para pensar que haya espacio para un desenlace justo en el juicio contra los acusados de la quiebra del Baninter.

Son muy pocos los Ramón Antonio Veras que han alzado su voz para exigir una sentencia acorde con la gravedad de lo juzgado.

Alrededor de este lento y agotador proceso se han hecho muy visibles las presiones de poderes fácticos a favor de una absolución de los inculpados.

Una dolorosa conjugación de perversidad política, económica y eclesiástica para preservar la tradición de impunidad que permite que se nos vea como un país de corrupción rampante, como recientemente lo señalara Transparencia Internacional en un informe desde Bruselas.

La influencia de esos poderes se observó con claridad a lo largo del juicio, con un indeciso tribunal manipulado por las barras de defensa, que jugaron a su antojo con el tiempo y la paciencia de los jueces y la nación.

Quedó en evidencia cuando se dio una presencia alta en el Palacio para reclamar la devolución de medios y exigir clemencia por el hijo de una devota y generosa familia de la Iglesia.

Cuando las instancias más altas del poder político se empecinaron en venderle al país que no existía en el caso más delito que el haberse sometido a prácticas comunes en la banca y que la quiebra no era más que el fruto de la incapacidad de un gobierno para manejar una crisis y enderezar la economía.

Pero sobre todo, cuando desde un principio se hizo evidente la dualidad que implica sostener por un lado la acusación y asumir desde otro litoral oficial la defensa.

De todas maneras está próximo el momento de la decisión final, que habrá de hacer historia. Sentencia que nos dirá si contamos con una justicia verdadera. Una justicia capaz de diferenciar entre lo justo y el pecado.

Una justicia que aliente la esperanza de que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, sin importar credo, afiliación o raza.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do