El NacionalPOR LEANDRO GUZMÁN
En estos días, luego de las elecciones presidenciales, han surgido voces que abogan por una reforma de la Constitución vigente. El mismo Presidente Constitucional, doctor Leonel Fernández, tiene en su agenda ese paso trascendental para la vida institucional dominicana, oficialmente previsto para después del agosto.
No somos juristas ni expertos, mucho menos en Derecho Constitucional, pero consideramos que la Constitución Política actual no representa la voluntad soberana del pueblo, pues fue impuesta en momentos coyunturales en 1994 y luego en el 2002. En el primer caso fue para reducir en dos años el período de Joaquín Balaguer y prohibir la reelección, y en el 2002 para permitirla, cuando Hipólito Mejía intentó vanamente reelegirse.
Esas modificaciones, “al vapor” y por circunstancias que envolvieron altas sumas de dinero, en modo alguno representaron la voluntad popular. Fueron “acuerdos de aposento”.
La modificación de la Constitución en la República Dominicana es algo que no se puede festinar. Se trata del documento más importante de la Nación, encaminado a regular las relaciones de los poderes públicos y los derechos y libertades de los ciudadanos. Es conveniente no apresurarse, porque todavía prevalece la pasión política derivada de las recientes elecciones, añadiéndosele a esto el ingrediente de un Partido en el Poder que tiene mayoría en el Congreso.
Pero supongamos que el Gobierno tenga prisa, bajo el argumento de que la modificación es necesaria para “adaptarla al siglo 21”, consideramos que hay varios aspectos a considerar, entre ellos dos a nuestro juicio fundamentales: el establecimiento del Plebiscito y el Referéndum, que son las formas más democráticas y directas de modificar una Constitución.
Esa participación del pueblo no puede ser mediante la Asamblea del actual Congreso, donde el Gobierno reelecto tiene mayoría, sino por las organizaciones más representativas del país.
Creemos que el actual Congreso debe aprobar una Ley mediante la cual se modifique la Constitución para permitir una Asamblea Constituyente elegida por voto directo del pueblo.
Naturalmente, para lograr eso se necesitarían unas elecciones nacionales, cuesten lo que cuesten, pues hay el antecedente de gastos multimillonarios en una campaña reeleccionista y antireelecionista que en ningún momento habló en serio sobre la modificación constitucional.
Las actuales y futuras generaciones no se merecen una reforma de la Ley Sustantiva a cada momento, por conveniencia de quienes estén en el Poder o en la Oposición. Cualquier reforma debe ser meditada, discutida y consensuada. Pero no el “consenso” entre los “poderes fácticos”, sino del pueblo dominicano en su conjunto, a través de sus organizaciones más representativas.
Este asunto es tan importante que no se debe festinar con precipitaciones innecesarias, pero tampoco con postergaciones infinitas.
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