Libre expresión y delitos de opinión

Editorial de Clarín Ar./Servicios Google

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en una reciente sentencia, que la legislación argentina en materia de calumnias e injurias afecta el ejercicio de la libertad de expresión.

El fallo le impone al Estado la necesidad de reformar la tipificación penal vigente, cuya amplitud hoy limita la formulación de opiniones.

El pronunciamiento del máximo organismo judicial del continente revoca una sentencia que condenaba a un periodista que había criticado el desempeño de un ex juez que investigó el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en 1976.

El pronunciamiento de la Corte Interamericana destaca que "la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo".

El principio sentado por este fallo se ajusta a la protección que le brinda nuestra Constitución a la libertad de expresión.

También coincide con el reclamo de entidades periodísticas como ADEPA y el Foro de Periodismo Argentino, las cuales vienen insistiendo en la necesidad de derogar el tratamiento penal que hoy reciben las figuras de calumnias e injurias y dictar una nueva norma que redefina más adecuadamente a esas acciones como ilícitos civiles, con penas de rectificación y multa.

El Gobierno argentino, que deberá satisfacer la exigencia de la Corte Interamericana, tiene entonces la obligación y, con ello, la posibilidad de establecer un nuevo marco legal para las calumnias e injurias, que es de esperar ponga fin al actual e ilegítimo empleo del derecho penal en la materia. De cumplirse de este modo la intimación de la Justicia continental, se logrará asentar sobre bases más seguras el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

Un fallo de la CIDH señala que la legislación argentina sobre calumnias e injurias afecta la libertad de expresión y ordena su reforma. Esta decisión concuerda con la regulación constitucional y con reclamos de entidades periodísticas.