La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

El representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Stephen Brager, puso el dedo en la llaga de la más grave de nuestras heridas institucionales.

Planteó en un evento público la necesidad de imponer controles al excesivo poder presidencial, ejercido con extrema dureza en el proceso electoral y en todas las facetas de la vida oficial.

Un poder demoledor capaz de cambiar voluntades y el rumbo lógico de la nación. Un poder con potestad para ocultar verdades al pueblo, evadir el cumplimiento de leyes e ignorar la Constitución.

Esa realidad estremecedora permite a los funcionarios públicos, no sólo al Poder Ejecutivo, incumplir con la obligación de rendir cuentas y proceder con transparencia.

En honor a la verdad, ese poder no es exclusivo de quien ocupa la presidencia. Lo poseen también, en menor medida, pero no por eso menos perjudicial, los gobiernos municipales y los miembros del Congreso.

La impunidad y el irrespeto a las reglas y las leyes, les permiten también a los demás miembros de la estructura burocrática del Estado un uso discrecional de los bienes públicos y una antojadiza interpretación de la ley.

Lo vemos a diario. Tal vez el más reciente, tan grave como cualquier otro, ha sido la entrega de un bono de cien mil pesos a cada uno de los 178 diputados, con la presunta finalidad de permitirles socorrer a sus electores con motivo del pasado Día de las Madres. Simplemente inaudito.

Se ha sabido también de un bono similar en épocas de Navidad, en adición a todos los privilegios a su favor ya existentes, mientras diferentes sectores, como es el caso de los médicos y los maestros, libran interminables luchas en demanda de aumentos salariales y los impuestos excesivos empobrecen aceleradamente a la clase media.

Cuando Fujimori cerró el Congreso ningún peruano movió un dedo para evitarlo. Ojalá no nos ocurra igual.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do