La falta de acción ante el alza del petróleo es prueba fehaciente del poco interés del Gobierno en promover una reducción del consumo de combustibles. Hacerlo reduciría sus ingresos, impensable en una administración ávida de recursos y propensa al boato.
Entre nosotros se da una situación curiosa: a mayor consumo y más caro el petróleo, mejor para el Gobierno. Los impuestos a los combustibles constituyen una de sus principales fuentes de ingresos fiscales, cuyos montos y usos no han sido transparentados.
Cada aumento del petróleo implica más dinero para el fisco. Bajo los términos de Petrocaribe, el gobierno dominicano recibe mensualmente en divisa física entre un 40 y un 50 por ciento de la factura petrolera procedente de Venezuela.
Según el acuerdo, la nación suramericana concede al país un financiamiento del 40% de sus compras de hidrocarburos, mientras el precio del crudo se mantenga por encima de 50 dólares el barril.
Cuando ese precio supera el nivel de los cien dólares, el financiamiento asciende a la mitad, es decir el 50%, de nuestras adquisiciones de petróleo y derivados, como es el caso actual desde hace ya algún tiempo. Esto significa, un ingreso por ese concepto de entre 40 y hasta 55 millones de dólares mensuales para el Gobierno.
Todas las compras bajo los términos del acuerdo deben hacerse al través de la refinería y el trato funciona de la manera siguiente: la empresa envía a PDVSA, el ente estatal petrolero venezolano, el neto a pagar y entrega directamente al Gobierno el resto correspondiente al financiamiento.
El Gobierno a su vez entrega un descargo a la refinería y la suma financiada queda como una deuda del Estado a Venezuela. Si el precio del barril llegara a bajar por debajo de los 50 dólares, el acuerdo quedaría en suspenso.
La paradoja es simple: la situación actual perjudica al país pero beneficia al Gobierno. ¡Créanlo!
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