POR LEANDRO GUZMÁN
La idea de celebrar una Asamblea Constituyente en el país no es nueva. Se remonta a principios del año 1959, cuando fuerzas del exilio, reunidos en Venezuela, se aunaron no solamente para derrocar la tiranía trujillista, sino para establecer un Programa Mínimo de Liberación Nacional.
Esas fuerzas eran la Unión Patriótica Dominicana de Venezuela, Frente Unido Dominicano de Nueva York, Unión Patriótica Dominicana de Cuba y el Partido Socialista Popular Dominicano. Los firmantes eran de diferentes ideologías, pero estaban impulsados por el patriotismo
El punto 1 del Programa Mínimo de Liberación Nacional fijaba como meta derrocar a Trujillo. El acápite b hablaba de establecer un gobierno provisional revolucionario que en dos años aplicara el Programa, mientras el punto c consignaba: “Convocar dentro de un término prudencial una Asamblea Constituyente, elegida por medio del sufragio universal, directo y secreto, encargada de elaborar la nueva Constitución de la República, con sujeción a los principios democráticos del Estado, e inspirada en los postulados de justicia económica y social”.
La derrota militar, no moral, de los expedicionarios del 14 de Junio de 1959 frustró en aquel momento que el pueblo fuera partícipe de las reformas sociales contempladas en el Programa, entre las más justas figuraba el amparo a la niñez, la ancianidad y el desempleo” y ofreciera “los servicios imprescindibles para la protección de la salud y una vivienda adecuada”
Eso falta por cumplir. A pesar de la Ley de Seguridad Social, muchos dominicanos carecen de servicios médicos adecuados, especialmente cuando se trata de las llamadas “enfermedades terminales”, pues son rechazados cuando van a una clínica, con el alegato de que los médicos de ella no forman parte de la Seguridad Social. O posiblemente porque nadie reclama por no saber cuáles son sus derechos.
En cuanto a la vivienda, todos sabemos que actualmente una familia pobre no puede acceder a financiamientos. En la nueva Reforma, hay que establecer que el Estado debe crear mecanismos para asegurar a las familias de escasos recursos o pobres de solemnidad, una vivienda digna.
Otro punto planteado por los exiliados era la necesidad, todavía vigente, de reformar el sistema tributario “aboliendo los antipopulares e innecesarios para el sostenimiento del Estado”.
En estos momentos en que se hace necesario un plan de austeridad, urge aplicar la Ley que la establece aprobada por el Congreso Nacional y que fue pensada hace casi 50 años por los exiliados, que quisieron legarle a la República un ambiente de libertad y de Justicia Social aún no logrado.
Si el Gobierno someterá al Congreso la Reforma Constitucional el 18 de agosto, nuestra sugerencia a los legisladores es que le echen un vistazo al Programa Mínimo de Liberación Nacional, cuyas siglas por cierto se parecen mucho al actual Partido de Gobierno, por aquello de la Liberación.
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