El examen de dos evaluaciones tiene puntos coincidentes
Juan Bolívar Díaz /Hoy, Maturino Dominicano
Es casi seguro que la resaca dejada por un período electoral tan largo como el que acaba de concluir haya impedido a muchos poner atención a las conclusiones y recomendaciones de la observación nacional e internacional de las elecciones, razón fundamental por lo que conviene echarle aunque sea una rápida mirada.
Nos referimos a las dos grandes misiones de observación electoral que concurrieron en estos comicios, la nacional, una vez más protagonizada por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC); y la internacional por encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
PC emitió cuatro informes previos, dos durante el día de la votación, y su evaluación final esta semana. Su red nacional contó con cuatro mil observadores en todos los municipios y su acreditado conteo rápido volvió a tener altísima precisión, con escasas diferencias que para la alianza ganadora fue de apenas 0.14 por ciento, y de 0.41 para la que ocupó el segundo lugar. En el resto de las candidaturas fueron de 0.10 ó menos.
La misión de la OEA estuvo integrada por 70 personas de 21 naciones americanas. Emitió dos informes previos, uno tras la jornada de votación y el viernes 24 entregó su evaluación final.
El examen de las dos evaluaciones generales tiene puntos coincidentes. Participación Ciudadana, como institución nacional fue mucho más explícita en la denuncia de las anomalías que dejaron sombras sobre el proceso.
En un lenguaje bastante explícito para su condición de organismos pluriestatal, la OEA también señala deficiencias y prácticas anti-democráticas.
El informe final de la misión de la OEA recoge concretamente la más grave ocurrencia del proceso, que fue “la utilización de recursos del Estado por parte del Poder Ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista”.
Se refirió a las denuncias sobre las nominillas y la publicidad política pagada por el Estado, aludiendo a las tímidas disposiciones adoptadas al respecto por la Junta Central Electoral.
Para el lenguaje diplomático, es elocuente este párrafo: “Respecto al uso de la publicidad estatal y su influencia en la campaña, la Misión pudo constatar la existencia de excesos y aconsejó mayor prudencia al gobierno de modo que no se comprometiese la igualdad de oportunidades para todos los candidatos.
La JCE actuó también en ese sentido solicitando se eliminasen algunas publicidades oficiales. Sin embargo, se puede afirmar que, igualmente, el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”.
El informe de la OEA concluye en que “La normativa electoral dominicana adolece de vacíos en temas como la participación del Estado en las campañas electorales, la reglamentación de los partidos políticos y la investigación, seguimiento y sanción de los delitos electorales.
A esta dificultad hay que sumar el modo laxo con el que en ocasiones se asumen algunas normas ya existentes”.
Los informes de PC fueron suficientemente explícitos sobre esas y otras anomalías y ampliamente difundidos, sobre todo los que antecedieron la votación, por lo cual no hay que volver a repetirlos.
Se sintetizan en la misma frase utilizada por la OEA, derivada de la pronunciada por el líder peledeísta Danilo Medina la noche en que concluyó la elección del candidato oficial: “el Estado me venció”.
Nadie puede afirmar honestamente que el PLD y el presidente Leonel Fernández no hubiesen logrado la reelección sin el uso tan abusivo de los recursos del Estado. Pero si estaban y están seguros menos se puede justificar que los hayan utilizado.
Deben quedar como lecciones las recomendaciones que tanto la misión de la OEA como PC formulan para el mejoramiento de la democracia: profundas reformas legislativas con sanciones claras para el abuso del Estado, para reducir el clientelismo, para impedir la financiación del transfuguismo, para transparentar los ingresos y gastos de los partidos, para limitar la publicidad y la extensión de las campañas electorales.
También hay importantes recomendaciones para fortalecer la institucionalidad de la JCE, cuyas funciones deben ser definitivamente separadas y para la elección de sus integrantes, así como para reducir el excesivo horario de votación y las obsoletas restricciones a la información sobre conteos rápidos y encuestas.
Debe haber libertad de información al concluir las votaciones, como en casi todo el mundo democrático.
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