El estado desguazado

AGORA

Servicios Google/Clave Digital, Santo Domingo
Estos actos de primitivismo político son expresiones del grado de degeneración de la vida política del país, de lo cual, más que cualquier otro sector, son responsables las direcciones de los tres principales partidos.

César Pérez

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La venta en pública subasta de puestos de síndicos y regidores de los distritos municipales elevados de hecho a la categoría de municipios, el llamado “cofrecito” para que los senadores se financien las actividades en sus comunidades y el hecho de que el partido oficial se dedique a hacer acciones que son de absoluta competencia del gobierno, son indicadores, entre otros, de que la clase política está desguazando el estado dominicano.

Constituye una forma de desmonte del Estado, que los senadores logren, a través de una negociación con el gobierno, que se les asigne recursos en la Ley de Gastos Públicos, para estos realizar por cuenta propia actividades en los ámbitos de la oferta de servicios públicos: educación, salud, agua potable etc.

Ámbitos en los que sólo deben intervenir por ley, las secretarias de estado, los ayuntamientos y la gobernación provincial.

El hecho de el Senado de la República haya creado un llamado Fondo de Asistencia Social, bautizado como el cofrecito, para que los senadores puedan “combatir la pobreza” en sus demarcaciones constituye una legalización de la ambigüedad competencial en que discurre la vida de las instituciones del estado dominicano. No es “aberración necesaria” como con desparpajo dice uno de los senadores para defenderla, sino una asunción claramente ilegal de competencias, y una evidencia de la repartición de los dineros públicos para que esos legisladores hagan labores personales de proselitismo político.

Cuando el partido oficial, con el ministro de salud a la cabeza, organiza una campaña contra el mosquito vector del dengue y cuando ese mismo partido organiza una distribución de agua potable en los barrios que carecen de ese líquido, se comete un acto de sustitución de las funciones de las instituciones del Estado.

Esta sustitución no sólo es grave de por sí, sino porque haciéndolo en una campaña electoral donde el presidente de la república es al mismo tiempo candidato, constituye una acción desleal contra la oposición y una forma indirecta de financiamiento a su campaña.

Que al margen y contra las direcciones de los tres partidos mayoritarios, se constituyan salas capitulares en 44 de los distritos municipales elevados a la categoría de ayuntamientos municipales, evidencia que ya no son sólo los partidos, en cuanto tales, que controlan las instituciones del estado, sino que son también pueden hacerlo las facciones o representantes de estos a título personal.

Incluso algunos políticos insurrectos (contra sus direcciones) toman, armas en manos, las sedes de los edificios públicos de esas instituciones del estado, sin que se espere alguna sanción contra ellos una vez terminada la acción.

Estos actos de primitivismo político son expresiones del grado de degeneración de la vida política del país, de lo cual, más que cualquier otro sector, son responsables las direcciones de los tres principales partidos.

La inexistencia de reglas claras y la debida transparencia en que discurren la vida y los principales procesos internos de esos partidos no les permiten tener una noción de institucionalidad como marco para sus acciones y esta circunstancia se refleja en la forma en que dirigen el estado.

No existe, para ellos, una separación de lo que son las cuestiones del estado, vale decir, de lo público (referido al estado) y lo que son las cuestiones de los partidos, vale decir de lo privado (no estatal).

En tal sentido, lo público o estatal es esencialmente para el servir a los miembros del partido. Si la institución del estado no funciona y eso lesiona los superiores intereses del partido, el partido (o una facción de este) tiene que hacer funcionar lo público (lo estatal), para de esa manera seguir con el control del estado.

Es por eso que, como hacen las bandas que roban automóviles para desguasarlos y venderlos por pieza, importantes miembros de la clase política están desmontando el estado haciendo uso discrecional de cada una de las partes que lo componen para la satisfacción de las apetencias grupales y personales de esa clase política, en un contexto de casi absoluta impunidad.

Los ominosos signos de descomposición que se registran en la sociedad dominicana son reflejos de la descomposición en que discurre de la vida de las principales fuerzas políticas que dirigen y han dirigido el país y de manera específica de las direcciones de estas colectividades.

Esto nos debe llevar a la reflexión de que a lo largo de la Historia, las crisis políticas, morales e ideales que han dado al traste con fuertes sistemas y hasta de civilizaciones, se han producido cuando quienes gobiernan pierden noción del estado como institución pública, tomando cada quien una parte de este para sus particulares intereses.

Por suerte, creo, no hemos tocado fondo y todavía tenemos tiempo para cortar las manos de quienes insisten en desguasar el estado dominicano. El nombre de la vía y forma para hacerlo no es la cuestión.