Se asume como nota positiva la reiteración presidencial de que serán cancelados los funcionarios que no cumplan sus funciones con honorabilidad o que violenten controles anticorrupción, que dijo se aplican en el marco de la reforma de la administración pública.
Afrontar el vendabal de preguntas y referencias sobre denuncias de irregularidades en la administración pública fue tarea difícil para el jefe de Estado, quien sostuvo que la corrupción en el Gobierno se limita a tipos de “debilidades” o “manejos inadecuados de los recursos humanos”.
Es verdad como una montaña de que para poder tipificar como punible la acción de algún funcionario, ésta debe estar prescrita como tal en el Código Penal o en cualquier ley que prevea sanción aflictiva o infamante.
Hay, sin embargo, tipos de irregularidades, no previstas en la ley penal, que causan efectos tan nocivos como cualquier infracción tipificada de criminal, tal el caso de las siete mil 400 personas que tenían más de un sueldo en la administración pública, según pudo detectar la Contraloría General de la República.
Los mayores tentáculos de la corrupción son de carácter ético, moral o relacionados con debilidades en controles administrativos, aunque es también proverbial la indiferencia, negligencia o complicidad del Ministerio Público o de la Justicia ante casos de cohecho perpetrados antes, durante y después de todos los siglos.
Elites políticas, económicas, académicas están en compromiso de halar la cuerda en dirección a que el Estado se organice de tal manera que sea mínimo el espacio a la corrupción.
La decisión del Presidente de referirse abiertamente sobre la corrupción y de plantear sus puntos de vista sobre el tema, es ya un paso de avance, en una caminata de cinco mil kilómetros.
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