Un ex subsecretario de Educación afirmó que la imposición de una sanción colectiva por parte de la Secretaría de Estado de Educación a un grupo de estudiantes, a consecuencia del denunciado fraude en torno a las Pruebas Nacionales del año lectivo 2008-2009, acusa fallas legales, éticas y gerenciales, además de que no toca el fondo de la problemática que se pretende enfrentar.
El doctor Roberto Fulcar, quien tuvo a su cargo la recuperación de las pruebas nacionales durante la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch, afirmó que desde el punto de vista legal no fue correcto sancionar colectivamente a los estudiantes, ya que esta práctica está prohibida por el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Código del Menor).
Fulcar cita el Literal D del Art. 48 de la Ley 136-03, el cual establece que “Se prohíben las sanciones corporales y económicas, así como las colectivas, al igual que cualquier tipo de corrección que pueda ser considerada una amenaza o violación a los derechos de los educandos“. Esta prescripción legal procura evitar que se incurra en injusticias al castigar a una persona por un hecho que puede ser responsabilidad de otra, y en este caso, hasta de un adulto.
Agrega que tampoco se conoce si los estudiantes han tenido individualmente la oportunidad de ejercer su defensa, como manda el Literal C del mismo Art. 48 de la referida Ley, según el cual, “Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos a opinar, y a la defensa; y después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial”.
Además resulta muy difícil la orquestación de un fraude de esa naturaleza sin la existencia de una especie de red de corrupción que involucre a funcionarios, técnicos o personal administrativo de las propias dependencias relacionadas con las pruebas nacionales, por lo que desde el punto de vista ético, la ocurrencia del fraude deja bajo sospecha a esas dependencias, debiendo haberse iniciado la investigación por ellas, precisa el experto.
“Se recuerda que las prácticas corruptoras son recurrentes en torno a las pruebas nacionales, debido al carácter decisorio de estas para la promoción definitiva de los estudiantes, por lo que saludamos todo esfuerzo de las autoridades de la Secretaría de Estado de Educación dirigido a la preservación de su transparencia y objetividad”, dice Fulcar.
Pero previene que deben privilegiarse las medidas preventivas para evitar el fraude sobre las decisiones punitivas cuando ya han tenido lugar. “Para ello es necesario retomar las estrategias tecnico-gerenciales que permitieron la recuperación de las pruebas naciones después de la profunda crisis que sufrieron entre los años 1995-2000”, concluye su declaración
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